"Podría decirse que las instituciones del sistema judicial penal buscan más 'ocultar' que esclarecer los delitos de los poderosos, y ello a pesar del costo mucho más alto, en términos tanto humanos como económicos, de los delitos empresariales. Este 'cálculo de costes' tendría que tener en cuenta lo siguiente: en primer lugar, la fenomenal magnitud del fraude en el impuesto sobre la renta en comparación con el fraude perpetrado por los solicitantes de prestaciones de la seguridad social. [...] En segundo lugar, las deliberadas medidas de recorte de gastos que desoían las normas de salud y seguridad en el trabajo, y que ocasionaron lesiones y muertes -en algunos casos en 'accidentes' y en otros tras prolongados periodos de intoxicación- de una enorme cantidad de trabajadores, desde las muertes masivas de Bhopal, la explosión de la plataforma petrolífera Alpha, el hundimiento del ferry P & O, y otras muchas, hasta las muertes individuales que apenas se mencionan en la prensa. [...] Y en tercer lugar, la colocación de productos en el mercado cuando estos se saben peligrosos. Por mencionar solo un ejemplo: en 1970 Ford lanzó su nuevo modelo Pinto, cuyos test de evaluación preliminares habían verificado que estallaba ante un impacto trasero. El análisis de la relación costo-beneficio reveló que instalar las medidas de seguridad pertinentes suponía un costo de $135 millones, mientras que las posibles demandas por muertes y lesiones probablemente no llegaría a los $50 millones. Se estima que entre quinientas y novecientas personas perdieron la vida como consecuencia de eses problema. La acusación formal por homicidio imprudente de 1978 no prosperó.
Al considerar 'el delito' de las empresas como un mero incumplimiento de los reglamentos y procedimientos y. por tanto, no como un 'delito', la clase dominante se ha definido a sí misma y a sus poderes policiales prácticamente como inimputables. Quienes tienen poder social por definición no pueden ser miembros de la clase de los delincuentes. Al estar 'a favor' del régimen de propiedad privada, la clase dirigente se encuentra, por definición, del 'lado correcto de la ley'."
("Maderos, chusma y orden social, una teoría del poder policial", Mark Neocleous, 2021.)
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